En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó dos audiencias de casos relacionados con la alegada complicidad de las instituciones estatales hondureñas en la violación de los derechos de propiedad comunal garífuna. Los garífunas, un pueblo de descendencia arahuaco, caribe y africano, son uno de los nueve “grupos étnicos” reconocidos oficialmente en Honduras. Sin embargo, el estado ha negado repetidamente su estatus como un pueblo originario —un pueblo nativo de Honduras— poniendo en duda la legalidad de sus reclamos territoriales. Me baso en mi experiencia sirviendo como perito para analizar el rol de evidencia cultural en la legitimización de los reclamos de los derechos garífuna, y cómo específicamente los tratamientos etnográficos de las prácticas culturales indígenas están circunscritos dentro de los marcos jurídicos dominantes de interpretación y modos de reconocimiento. La sentencia, emitida en octubre de 2015, repetidamente implementó conceptos y puntos de vista antropológicos para enlazar la subjetividad indígena a la tierra, de este modo profundizando nociones esencializadas de diferencia étnica y racial garífuna. Este artículo explora los retos de presentar evidencia cultural en una corte de justicia y el potencial político limitado del peritaje, lo cual, argumento, proviene de las formas en los cuales los conocimientos antropológicos y legales se coarticulan. [testificar, declaraciones juradas culturales, derechos de la tierra, investigación activista, negritud e indigeneidad]